Considerada la mejor policía de América Latina por muchos años, Carabineros atraviesa una crisis de proporciones. Los signos más evidentes son el uso excesivo de violencia que ha llevado incluso a violación de derechos humanos, la incapacidad para enfrentar los desordenes públicos, los magros resultados de la inteligencia policial para enfrentar casos considerados emblemáticos, la injusta distribución del personal en los territorios. 

Por supuesto que el “pacogate” y la “operación huracán” fueron situaciones que mostraron las debilidades estructurales no sólo de la institución sino también de los civiles encargados de gobernarlos en los últimos años. Por que no hay que olvidar que Carabineros es una institución que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, por ende, sus acciones y omisiones deberían tener vinculación con alguna definición política. 

Nada era tan bueno en realidad, pero para la política por muchos años reformar la policía uniformada era una tarea “innecesaria” dado los altos niveles de confianza ciudadana y la aparente profesionalización de sus mandos. Así, avanzamos con una policía autónoma y un gobierno que hacía más de secretaría que de definición de políticas públicas. No está demás recordar que su Ley Orgánica es de carácter Constitucional lo que limita seriamente la realización de cambios. Así por ejemplo aún está vigente el Artículo 436 de la Justicia militar que señala que las plantas y dotaciones son documentos secretos. 

Secretos incluso para los alcaldes que hacen malabares para responder a los justos reclamos ciudadanos. Insólito, por no decir absurdo. 

Los problemas son muchos, pero no pueden resolverse sin control civil. La policía autónoma no avanzará en mecanismos de autoregulación y transparencia sino más bien en sistemas de autoprotección. Lo hemos visto los últimos 23 días de forma reiterada y en algunos momentos inexplicable. Uno de los primeros reconocimientos es que no se puede seguir con un Ministerio dedicado “part time” a la seguridad.  Las tareas políticas de Interior llevan a que la seguridad pública sea un tema secundario que descansa principalmente en los desarrollos y propuestas policiales. Los sistemas de control son mínimos, la formación técnica limitada, las capacidades reales de mando dudosas. Puede que estas debilidades sean la explicación de los incrementos sustanciales de presupuesto sin resultado aparente de las últimas dos décadas. 

En un país que busca emparejar la cancha y luchar contra la desigualdad se debe reconocer que Carabineros no puede continuar siendo una institución de jefes y mandados donde la principal diferencia entre unos y otros es la capacidad de pago de la formación policial. Porque la mayoría de Carabineros (suboficiales) son capacitados por un año y de ahí salen directo a las comisarias a realizar trabajo en terreno. Mientras que los que estudian para oficiales pagan casi 5,5UF mensuales por cuatro años para luego salir a dirigir la institución. No hay que ser adivino para imaginar porqué la mayoría de oficiales son efectivamente hijos de oficiales. Las diferencias entre oficiales y suboficiales a lo largo de la carrera son innumerables y de difícil explicación, pero la invisibilidad del “problema policial” ha limitado que este tipo de debates se desarrollen. 

Finalmente, es hora de reconocer que la violencia que ejerce la policía para enfrentar los disturbios ciudadanos es responsabilidad política. No son alienígenas que llegan a cuidar el espacio público ni extranjeros al mando de una teoría conspirativa, sino ejercen el monopolio del uso de la fuerza del Estado para enfrentar aquello que se considera peligroso o amenazante. La triste realidad es que nos acostumbramos a los zorrillos, a las lacrimógenas y el agua con químico, las intervenciones con blindados en barrios vulnerables, las detenciones violentas, pero como las marchas duraban poco o el conflicto estaba lejos de Santiago no quisimos ver. Hoy más de 200 jóvenes han perdido parcialmente la vista por la incapacidad real de gobernar el trabajo policial. 

Carabineros tiene que cambiar, pero como cualquier policía seria y profesional del mundo, requiere que la política reconozca su rol y responsabilidad para resolver los problemas políticos sin represión. Seguir preguntándonos por el aparente deterioro del accionar policial es mirar al costado sobre la responsabilidad política en su actuación, ya no podemos ni debemos estar disponibles para esto. 

source: Entrepisto